Varias veces he escuchado y leído en los medios tradicionales, noticias sobre “consultas ciudadanas”. Son esos referéndum que organizan algunas municipalidades, para obtener opiniones sobre temas varios y que suelen ser muy publicitados. Pero últimamente me he topado con varios post en Plataforma Urbana que hablan de consultas ciudadanas aplicados a temas de impacto urbano. Sin embargo, ni los medios, ni Plataforma Urbana (tomen nota chicos) me aclaraban algo que me incomodaba de sobremanera: la real validez de estos sistemas de consulta. Así que decidí buscar en Internet, algo sobre su marco legal.
Bueno, lo más cercano que encontré es el proyecto de Ley de Bases sobre Participación Ciudadana, inscrito en Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (y que aún no se ingresa a trámite legislativo). Pero en el fondo, nada en concreto.
Según esto, parece que aún no existe una legalidad que regule estas prácticas. Eso no quiere decir, que no sean reconocidas en nuestro marco institucional. De hecho, existen varios mecanismos de consulta ciudadana, pero de su diseño e implementación, así como los recursos destinados, temas, etc., se encarga cada Concejo Municipal. Además, solo tienen un alcance consultivo y no resolutivo (es decir, su validez, depende de cada municipio).
No se necesita ser muy sagaz, para darse cuenta, de las implicancias a la larga de esto. Lo que en un principio es un instrumento de participación y perfeccionamiento de la democracia, se vuelve un motivo más de segregación y discriminación (municipios con mas recursos-> mas consultas -> mayor participación ciudadana. v/s municipios pobres -> menos consultas ->menor participación ciudadana). Incluso se puede llegar al caso, de volverse un mecanismo de manipulación de la opinión pública, para otros fines: como consultas aplicada “sobre seguro”, es decir a temas menores y de conocida tendencia en la opinión, en desmedro de temas importantes o controversiales entre el municipio y la propia ciudadanía (como la venta de derechos de agua, por parte de la municipalidad de Santiago, en el 2002). O como consultas, cuyos resultados son utilizados como armas, para oponerse a determinadas leyes generales o al mismo gobierno central (como fuera el caso del Alcalde Francisco de la Maza y su proyecto de cierre de calles, en el barrio el Golf, para atacar la prostitución: ver Post 1 y 2).
Creo que si se desea fortalecer la participación ciudadana, no solo deberá crearse una nueva institucionalidad, que garantice esta figura, sino que también, deberá desarrollarse el ámbito en el cual funcione positivamente (elevar el nivel educacional de la ciudadanía, mejorar la calidad, objetividad y cobertura de los medios de información, etc.). Así se garantizará como herramienta al servicio de la gente y no de autoridades o grupos corruptos e interesados.
Bueno, lo más cercano que encontré es el proyecto de Ley de Bases sobre Participación Ciudadana, inscrito en Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (y que aún no se ingresa a trámite legislativo). Pero en el fondo, nada en concreto.
Según esto, parece que aún no existe una legalidad que regule estas prácticas. Eso no quiere decir, que no sean reconocidas en nuestro marco institucional. De hecho, existen varios mecanismos de consulta ciudadana, pero de su diseño e implementación, así como los recursos destinados, temas, etc., se encarga cada Concejo Municipal. Además, solo tienen un alcance consultivo y no resolutivo (es decir, su validez, depende de cada municipio).
No se necesita ser muy sagaz, para darse cuenta, de las implicancias a la larga de esto. Lo que en un principio es un instrumento de participación y perfeccionamiento de la democracia, se vuelve un motivo más de segregación y discriminación (municipios con mas recursos-> mas consultas -> mayor participación ciudadana. v/s municipios pobres -> menos consultas ->menor participación ciudadana). Incluso se puede llegar al caso, de volverse un mecanismo de manipulación de la opinión pública, para otros fines: como consultas aplicada “sobre seguro”, es decir a temas menores y de conocida tendencia en la opinión, en desmedro de temas importantes o controversiales entre el municipio y la propia ciudadanía (como la venta de derechos de agua, por parte de la municipalidad de Santiago, en el 2002). O como consultas, cuyos resultados son utilizados como armas, para oponerse a determinadas leyes generales o al mismo gobierno central (como fuera el caso del Alcalde Francisco de la Maza y su proyecto de cierre de calles, en el barrio el Golf, para atacar la prostitución: ver Post 1 y 2).
Creo que si se desea fortalecer la participación ciudadana, no solo deberá crearse una nueva institucionalidad, que garantice esta figura, sino que también, deberá desarrollarse el ámbito en el cual funcione positivamente (elevar el nivel educacional de la ciudadanía, mejorar la calidad, objetividad y cobertura de los medios de información, etc.). Así se garantizará como herramienta al servicio de la gente y no de autoridades o grupos corruptos e interesados.
Links:
Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME).
Ley de Bases sobre Participación Ciudadana (marco conceptual).
Informe de la Comisión de Reforma Municipal (interesante documento del Alcalde Ángel Bozán Ramos, Presidente de la Comisión de Reforma Municipal, sobre el estado general y proyecto de modernización del sistema municipal en Chile).
Acta Nº 624 del Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Maipú (presentación al Concejo, del video promocional, de la consulta ciudadana “Yo Participo”, del 29 de octubre del 2006).
Participación Ciudadana (categoría de artículos listados de Plataforma Urbana).
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